SANTO DOMINGO.- Tras vencerse el plazo para depositar la acusación en contra de los imputados en el caso Antipulpo, la jueza del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, intimó al Ministerio Público (MP) para que presente dicho sometimiento.
El órgano judicial tiene 15 día para proceder, sino la magistrada impondrá las sanciones que estable el artículo 151 del Código Procesal Penal, ordenando la extinción del proceso.
El procurador adjunto Wilson Camacho explicó que presentaron cargos formales en el plazo en contra Juan Alexis Medina Sánchez y otros diez imputados en la Operación Pulpo, porque están analizando las últimas informaciones obtenidas, entre ellas las que llegaron de la Cámara de Cuentas.
Además de Juan Alexis Medina Sánchez, están en prisión los imputados Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper); también a Wacal Vernavel Méndez Pineda, tesorero de las empresas creadas por Medina Sánchez, así como a José Dolores Santana Carmona, testaferro de Medina Sánchez.
A Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher, ex director general y exdirector de Fiscalización de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), así como a Julián Suriel Suazo, les fue variada la prisión preventiva por arresto domiciliario por colaborar con la investigación del Ministerio Público.
Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública, seguirá cumpliendo arresto domiciliario, mientras Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina Sánchez y ex vicepresidenta administrativa del Fonper, permanecerá en un espacio controlado con un localizador electrónico.
El ex contralor general Rafael Antonio Germosén permanecerá en arresto domiciliario, en tanto que Domingo Antonio Santiago, otro de los imputados de ser prestanombres del cabecilla de la red de corrupción, continuará con la presentación periódica ante los órganos persecutores del Ministerio Público.
La Operación Anti Pulpo develó a finales de 2020 un entramado societario que se valió del tráfico de influencia para establecer relaciones contractuales con instituciones del Estado, a través de las cuales sustrajo miles de millones de pesos del erario, en montos que siguen en aumento en la medida que se incorporan nuevas evidencias.
El expediente del caso detalla que el grupo de imputados operaba en torno a un conjunto de empresas de carpeta creadas por Medina Sánchez, quien se aprovechó de su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, para establecer un amplio entramado de corrupción.
Esas compañías no registraban ni el capital ni el personal necesarios para ofrecer los servicios para los que fueron contratadas de forma privilegiada.
